En el marco del trabajo de TRANSED por rescatar la memoria viva de nuestras luchas y visibilizar a quienes han dedicado su vida a transformar la realidad de las disidencias y diversidades sexo-genéricas en Chile, hoy compartimos una conversación extensa con Marco Becerra Silva, dirigente histórico de Acción Gay y actual Director de Gestión Pública de la organización. Con más de 35 años de activismo ininterrumpido, Marco ha sido protagonista de la lucha contra el VIH/SIDA desde los años más duros de la dictadura, y una de las voces más lúcidas en la denuncia del abandono estructural del Estado frente a esta epidemia. En esta entrevista —respondida por escrito, con el rigor y profundidad que caracteriza su trayectoria— nos comparte una visión crítica, ética y política sobre el presente, pasado y futuro de la respuesta al VIH en Chile.
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Pregunta 01
Fuiste parte de ACCIONGAY, ¿Qué recuerdos tienes de ese contexto y a los primeros pasos de la Organización en 1987, en plena dictadura?
En un país silenciado por el miedo, marcado por la represión política, el control moral y la censura institucional, surgió en 1987 ACCIONGAY, la primera organización en Chile que se atrevió a levantar la voz desde las disidencias sexuales. Lo hizo en medio de una dictadura cívico-militar que criminalizaba la homosexualidad, perseguía la organización social y mantenía en la invisibilidad absoluta la incipiente epidemia del VIH/SIDA. Su nacimiento no fue solo un acto político: fue un acto profundamente humano. Nacer en dictadura fue, para ACCIONGAY, una decisión de resistencia, dignidad y amor colectivo.
A finales de los años 80, el virus del VIH comenzaba a visibilizarse en Chile, pero no como un problema de salud pública, sino como un símbolo de castigo moral, asociado a la “desviación”, la “decadencia” y la homosexualidad. El Estado chileno, en ese entonces, negaba la existencia del virus o la minimizaba, y no ofrecía políticas públicas integrales de prevención ni tratamiento. Las personas que vivían con VIH eran diagnosticadas tarde, rechazadas por sus familias, despedidas de sus trabajos, y muchas veces morían solas, en hospitales que las aislaban más por temor que por cuidados reales.
En este escenario, ACCIONGAY emergió como espacio de contención, denuncia, organización y cuidado comunitario. Reunió a hombres gays, profesionales de la salud, activistas, amigos y afectos de personas con VIH, que comprendieron rápidamente que el virus no era solo una amenaza biomédica, sino un problema político, social y profundamente estructural, que se alimentaba del estigma, la desinformación, el clasismo y la homofobia.
Desde sus inicios, ACCIONGAY se convirtió en una de las principales voces críticas frente al abandono estatal, exigiendo campañas de prevención basadas en información científica y no en moralismo, acceso a medicamentos, respeto a los derechos de las personas con VIH, y reconocimiento de la diversidad sexual como parte legítima de la sociedad. En tiempos en que hablar de homosexualidad podía implicar persecución, la organización puso el cuerpo y la palabra para visibilizar lo que el régimen político y la cultura dominante querían esconder.
A lo largo de estos 38 años, el aporte de ACCIONGAY ha sido múltiple: ha impulsado campañas de prevención con perspectiva comunitaria y culturalmente pertinente; ha sido pionera en la entrega de testeo rápido de VIH; ha acompañado emocional y clínicamente a miles de personas diagnosticadas; ha promovido el acceso a la PrEP y a tratamientos dignos; ha desarrollado formación para profesionales de salud y ha sostenido el trabajo territorial cuando el Estado ha fallado. Pero, sobre todo, ha sido un espacio de cuidado colectivo, afecto y militancia, donde muchas personas han encontrado no solo servicios, sino un lugar donde su identidad es validada, su dignidad respetada y su historia reconocida.
El surgimiento de ACCIONGAY en dictadura marcó un antes y un después en la historia de la respuesta al VIH en Chile. No nació con recursos ni apoyo estatal, sino con convicción, rabia frente a la injusticia y amor por quienes eran excluidos. Esa fuerza inicial sigue vigente hoy, en un contexto democrático donde persisten el estigma, la desigualdad en el acceso a salud y la invisibilidad de muchas personas con VIH.
ACCIONGAY no solo ha respondido al VIH: ha construido una ética comunitaria de la vida, la memoria y la resistencia. Nació en dictadura, pero nunca dejó de luchar por una sociedad más justa, más diversa y más humana. Su historia es parte esencial de la memoria viva del movimiento LGBTIQ+ chileno y de la historia de la salud pública desde abajo, desde los márgenes, desde donde verdaderamente se sostiene la dignidad.
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Pregunta 02
¿Cómo se vivía en la década de los 80 la irrupción del VIH/SIDA dentro de las disidencias sexuales y qué rol cumplió ACCIONGAY frente a la crisis de desinformación, prejuicios y desidia del Estado?
La llegada del VIH/SIDA a Chile a comienzos de los años 80 tuvo un impacto devastador en las vidas y cuerpos de las disidencias sexuales, especialmente entre hombres homosexuales y personas trans. Fue una época marcada por el miedo, el desconocimiento, la criminalización del deseo y el abandono institucional. La dictadura militar imponía un control moral estricto sobre la sexualidad, y la homosexualidad no solo era fuertemente estigmatizada, sino también perseguida mediante redadas, represión policial y censura cultural.
En este contexto represivo, la aparición del VIH/SIDA fue rápidamente utilizada como instrumento de moralización y castigo social. Los medios lo llamaban el "cáncer gay", el Estado guardaba silencio, y los servicios de salud carecían de preparación para atender con dignidad a las personas diagnosticadas. Se instaló un relato que vinculaba el virus con la "degeneración" y la "promiscuidad", y se fortalecieron discursos conservadores que promovían el miedo, el aislamiento y la exclusión.
En este contexto represivo, la aparición del VIH/SIDA fue rápidamente utilizada como instrumento de moralización y castigo social. Los medios lo llamaban el "cáncer gay", el Estado guardaba silencio, y los servicios de salud carecían de preparación para atender con dignidad a las personas diagnosticadas. Se instaló un relato que vinculaba el virus con la "degeneración" y la "promiscuidad", y se fortalecieron discursos conservadores que promovían el miedo, el aislamiento y la exclusión.
Es en este escenario de miedo, silencio y abandono que, en 1987, un grupo de activistas decide organizarse y fundar ACCIONGAY, en un acto profundamente político y contracultural. La organización nació para dar respuesta allí donde el Estado no llegaba: en la educación sexual, en la contención emocional, en la entrega de información confiable, y en la defensa de la vida de personas que eran tratadas como desechables.
ACCIONGAY cumplió un rol fundamental frente a la desinformación reinante. Elaboró materiales educativos accesibles, generó espacios de conversación y acompañamiento, y luchó por desmentir los mitos que asociaban el VIH con una sentencia de muerte o con una “casta maldita”. En un tiempo donde la palabra “VIH” era tabú, la organización puso el cuerpo y la palabra para visibilizar el virus y a las personas que lo vivían.
También enfrentó los prejuicios estructurales, denunciando la discriminación en centros de salud, la negación de atención a personas con VIH, el maltrato en hospitales y el desprecio social. Desde sus inicios, ACCIONGAY entendió que el VIH no era solo un problema sanitario, sino un síntoma de una sociedad que estigmatiza las sexualidades no normativas, jerarquiza los cuerpos y naturaliza la exclusión.
Además, construyó redes de apoyo comunitario, que fueron vitales para las personas diagnosticadas en una época donde no existían tratamientos efectivos. Esas redes ofrecían compañía, afecto, orientación y cuidados paliativos cuando era necesario. En ausencia de Estado, fue la comunidad organizada la que sostuvo la vida. Lo vivido por las disidencias sexuales en los años 80 frente al VIH/SIDA fue una experiencia profundamente traumática, pero también una escuela de lucha, solidaridad y autonomía política. Frente a la desidia del Estado, las personas organizadas crearon sus propios espacios de cuidado, educación y resistencia. ACCIONGAY fue —y sigue siendo— una de las expresiones más emblemáticas de esa respuesta ética y política.
Recordar esta historia no es solo un ejercicio de memoria: es una forma de reivindicar la capacidad de las disidencias sexuales para resistir el abandono, organizar la esperanza y transformar la exclusión en lucha. Hoy, en un contexto donde el estigma persiste y las políticas públicas vuelven a despriorizar el VIH, la experiencia de ACCIONGAY en los años 80 sigue siendo un faro para las nuevas generaciones.
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Pregunta 03
¿Qué transformaciones que han existido en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales y comunitarias con trabajo en VIH estos últimos 35 años?
La respuesta al VIH/SIDA en Chile no puede entenderse sin la participación activa y sostenida de organizaciones sociales y comunitarias. Desde los años noventa, estas organizaciones han cumplido un rol fundamental en la visibilización de la epidemia, la promoción de derechos, la educación sexual y la denuncia de prácticas discriminatorias, muchas veces supliendo las omisiones del Estado. Sin embargo, la relación entre el aparato estatal y la sociedad civil ha transitado por distintos momentos, marcados por tensiones, instrumentalización, cooperación estratégica y, en años recientes, una creciente precarización del vínculo.
Década de 1990: surgimiento desde la urgencia y desconfianza mutua Durante los años 90, en un contexto marcado por el estigma, la desinformación y el escaso interés político por el VIH, emergen en Chile organizaciones como Vivo Positivo, ACCIONGAY, que comienzan a denunciar las violaciones a los derechos de las personas viviendo con VIH, exigir acceso a tratamientos y crear redes de apoyo mutuo. La relación con el Estado en este periodo se caracterizó por una fuerte asimetría de poder: mientras las organizaciones buscaban incidir desde una posición crítica, el Estado mantenía una lógica vertical, centrada en un enfoque biomédico, asistencialista y moralizante.
En esta etapa inicial, las organizaciones sociales operaban principalmente con financiamiento externo (organismos internacionales, fundaciones privadas) y desarrollaban acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento desde la autonomía comunitaria. El Estado, por su parte, se mostraba renuente a reconocerlas como interlocutores legítimos.
Década de 2000: institucionalización y cooptación parcial Con el ingreso de Chile al acceso universal a la terapia antirretroviral (2001) y su incorporación al sistema AUGE (2005), se abre una nueva etapa en la política nacional de VIH. En este contexto, el Estado reconoce formalmente el rol de la sociedad civil, invitándola a participar en mesas intersectoriales, consejos consultivos y espacios técnicos. Se produce una institucionalización parcial de la participación, acompañada de una mayor dependencia de fondos públicos vía proyectos concursables (FONASA, MINSAL, fondos regionales).
Si bien esto permitió que muchas organizaciones implementaran estrategias de prevención, testeo, adherencia y formación comunitaria, también supuso una cooptación funcional, donde el Estado utilizó a las organizaciones como "brazos ejecutores" sin garantizar su fortalecimiento estructural ni su autonomía crítica. La excesiva burocratización y la lógica de competencia entre organizaciones por escasos recursos terminó debilitando la capacidad de articulación colectiva del movimiento VIH, fragmentando agendas y priorizando la supervivencia institucional sobre la incidencia política.
Década de 2010: debilitamiento de la colaboración y aumento de la precariedad A partir de la segunda mitad de la década de 2010, la relación Estado-organizaciones comienza a deteriorarse. Diversos gobiernos redujeron el financiamiento a programas sociales, dificultaron la ejecución de proyectos comunitarios y desarticularon mecanismos participativos reales. La ausencia de políticas públicas con perspectiva comunitaria y la priorización del enfoque biomédico (centrado en testeo y TARV) invisibilizaron los determinantes sociales del VIH, afectando el trabajo integral que las organizaciones venían desarrollando en salud sexual, educación, género, migración y diversidad.
Además, muchas organizaciones vieron limitada su capacidad operativa ante la inestabilidad de los fondos públicos, lo que provocó cierres de oficinas, disminución del personal y una disminución del impacto territorial. El Estado, en vez de asumir una corresponsabilidad, delegó sus obligaciones sanitarias en actores comunitarios sin garantizar condiciones justas, consolidando una forma de externalización precarizada de la política de VIH.
Años recientes (2020–2025): reconfiguración en crisis y resiliencia comunitaria La pandemia de COVID-19 evidenció aún más las brechas estructurales de la respuesta estatal al VIH y el rol esencial de las organizaciones. Mientras el sistema de salud se centró en la emergencia sanitaria, muchas personas viviendo con VIH vieron interrumpida su atención, mientras las organizaciones asumieron funciones críticas de acompañamiento, entrega de medicamentos, apoyo psicosocial y prevención en línea.
A partir de 2022, con el relanzamiento del Fondo Mundial en Chile, se reactivó parcialmente el vínculo entre Estado y sociedad civil, permitiendo fortalecer acciones comunitarias en prevención combinada (PrEP, testeo, pares educativos, incidencia). Sin embargo, el modelo sigue siendo proyectista, fragmentario y de corto plazo, sin una estrategia de sostenibilidad ni un marco legal que garantice la participación vinculante de las comunidades en la formulación de políticas públicas.
A lo largo de los últimos 30 años, la relación entre el Estado chileno y las organizaciones sociales en la respuesta al VIH ha evolucionado desde la confrontación inicial hacia una cooperación condicionada, que hoy muestra claros signos de desgaste. El reconocimiento simbólico no ha sido acompañado de garantías reales de participación ni de sostenibilidad estructural. Para avanzar hacia una política de VIH verdaderamente democrática, transformadora y basada en derechos humanos, es urgente repensar esta relación desde la corresponsabilidad política, el fortalecimiento comunitario y el reconocimiento de las organizaciones como sujetos políticos y no meros ejecutores de proyectos.
Solo en una alianza efectiva entre Estado, comunidades y sociedad civil organizada se podrá responder de manera integral, justa y efectiva a los desafíos del VIH en Chile hoy y en el futuro.
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Pregunta 04
¿Qué se ha ganado y qué se ha perdido en esta relación Estado y Sociedad Civil?
Lo que se ha ganado en estos años en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales en la respuesta al VIH ha sido significativo. En primer lugar, se logró un reconocimiento formal del rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió su incorporación en espacios consultivos, planes estratégicos y ciertas instancias de diseño de políticas públicas. Este reconocimiento ha legitimado su labor y el valor de su experiencia acumulada. También ha habido acceso a financiamiento público y cooperación internacional, especialmente desde el año 2000 con los programas del Fondo Mundial, lo que permitió a muchas organizaciones profesionalizar sus equipos, ejecutar proyectos de mayor escala y ampliar su presencia territorial. En el plano normativo, la presión e incidencia de estas organizaciones ha contribuido a avances clave, como la Ley 19.779, la Ley 21.030, la inclusión del tratamiento antirretroviral en el AUGE, la implementación de la PrEP y el desarrollo de normativas sobre confidencialidad, consentimiento informado y atención sin discriminación. Además, las organizaciones sociales han sido pioneras en desarrollar estrategias comunitarias de prevención, testeo y acompañamiento psicosocial, muchas veces anticipándose a las respuestas estatales. Finalmente, han contribuido de manera decisiva a la construcción de redes de apoyo y de memoria colectiva en torno al VIH, sosteniendo vínculos afectivos, acompañamiento emocional y espacios de resistencia para quienes viven con el virus, incluyendo a quienes enfrentaron la epidemia en los años 80 y 90.
También se han perdido aspectos importantes en esta relación. Uno de ellos ha sido la autonomía crítica y política de muchas organizaciones, debilitada por la creciente dependencia del financiamiento público, la lógica de proyectos concursables y la presión por cumplir con indicadores técnicos. Esto ha dificultado su capacidad para mantener una posición autónoma frente al Estado. A ello se suma la falta de una visión estratégica de largo plazo y de sostenibilidad estructural: la relación ha sido fragmentaria, sujeta a financiamientos inestables y orientada a la ejecución de tareas específicas, sin un fortalecimiento real de las estructuras organizacionales ni del rol político que éstas desempeñan. La capacidad de articulación y acción colectiva también se ha visto afectada, debido a la competencia entre organizaciones por recursos limitados, la fragmentación de agendas y la falta de mecanismos efectivos de participación, lo que ha debilitado la unidad del movimiento. Si bien existen mesas de trabajo y consejos consultivos, la participación de la sociedad civil en estos espacios ha sido mayoritariamente consultiva y no vinculante, generando frustración y desafección. Finalmente, la desinversión estatal en prevención comunitaria ha erosionado el sentido de comunidad y el trabajo territorial sostenido, obligando a muchas organizaciones a reducir o cerrar sus operaciones locales, lo que ha debilitado su vínculo con las comunidades y su capacidad de respuesta en los territorios.
La relación entre el Estado y las organizaciones sociales en VIH en Chile ha generado importantes ganancias en términos de legitimidad, acceso a derechos y respuestas innovadoras, pero también ha supuesto pérdidas en autonomía, capacidad crítica y sostenibilidad. La clave hacia el futuro es reconstruir esta relación desde la horizontalidad, el respeto mutuo, la corresponsabilidad y el reconocimiento real del saber comunitario como un eje fundamental de toda política de salud pública centrada en derechos.
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Pregunta 05
¿Qué representa esta situación para quienes viven con VIH o buscan prevenirlo?
En Chile, el acceso al tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH está garantizado desde 2005 a través del régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES). Este hito representó en su momento un avance sustantivo en la política sanitaria nacional, al asegurar gratuidad, oportunidad y continuidad en el tratamiento, reduciendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, a casi dos décadas de su implementación, el GES en VIH parece haber quedado rezagado, sin actualizarse en sintonía con los avances científicos ni con las necesidades actuales de las personas usuarias. Esta despriorización estructural tiene consecuencias profundas y múltiples.
Uno de los síntomas más evidentes de esta desactualización es la imposibilidad de acceder a tratamientos antirretrovirales más modernos y eficaces, como las terapias inyectables de larga duración (por ejemplo, Cabotegravir + Rilpivirina). Estos esquemas, ya aprobados en otros países y recomendados por la OMS, permiten espaciar la administración del tratamiento de diaria a bimensual, lo cual representa una mejora significativa en términos de adherencia, calidad de vida, discreción y disminución del estigma asociado al uso diario de medicamentos. Sin embargo, en Chile, estas alternativas no están disponibles para la mayoría de las personas usuarias del sistema público, ni han sido incorporadas a la canasta GES.
Esta situación reproduce inequidades sanitarias y sociales, ya que solo quienes pueden costear tratamientos fuera del sistema público o acceder a ensayos clínicos privados tienen la posibilidad de beneficiarse de estas innovaciones. En términos prácticos, esto significa que el Estado chileno continúa ofreciendo terapias de primera línea que, si bien efectivas, no representan la vanguardia científica y mantienen a las personas viviendo con VIH bajo un régimen farmacológico más exigente y visible, con mayor riesgo de fatiga terapéutica y discontinuidad.
Más allá del aspecto clínico, la desactualización del GES expresa una despriorización política del VIH como problema de salud pública, pese a que las tasas de nuevas infecciones se mantienen elevadas, especialmente entre jóvenes, HSH, personas trans y migrantes. Esta despriorización se manifiesta también en la escasa inversión en prevención combinada, la falta de educación sexual integral, y la debilidad de las estrategias comunitarias sostenibles. Todo esto ocurre en un contexto donde el estigma sigue siendo una barrera estructural y donde las personas que viven con VIH enfrentan discriminación en múltiples dimensiones: sanitaria, laboral, afectiva e institucional.
La omisión del Estado frente a los avances terapéuticos no es neutra. Es una forma de violencia estructural, una negación del derecho a acceder a los mejores estándares disponibles en salud. Además, contradice los principios fundamentales de la estrategia 95-95-95 de ONUSIDA, que busca garantizar que el 95% de las personas con VIH estén en tratamiento efectivo y con carga viral suprimida. Sin acceso a alternativas más modernas y personalizadas, es muy difícil alcanzar esa meta en condiciones reales de vida.
Finalmente, esta situación refuerza la percepción, tanto en las comunidades afectadas como entre profesionales, organizaciones y activistas, de que el VIH ha sido desplazado de las prioridades sanitarias del país. Una epidemia que alguna vez movilizó recursos, campañas y transformaciones institucionales, hoy parece gestionarse desde la inercia técnica, sin voluntad política de innovar, reparar ni dignificar a quienes viven con el virus.
Revertir esta situación exige actualizar el GES en VIH de manera urgente, incorporar esquemas de tratamiento de última generación y reconocer a las personas que viven con VIH como sujetos de derecho, no como pacientes pasivos. La salud, entendida como bienestar integral, no puede depender del azar del financiamiento ni del silencio institucional. Se necesita una respuesta que esté a la altura de los desafíos éticos, científicos y sociales que plantea el vivir con VIH en Chile hoy.
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Pregunta 06
¿Consideras que el estado ha abandonado su responsabilidad en el control de la epidemia?
A más de cuatro décadas del inicio de la epidemia del VIH, el Estado de Chile mantiene una deuda profunda e inexcusable con las personas que viven con el virus y con las comunidades históricamente más afectadas. Lejos de consolidar una política robusta, integral y sostenida en el tiempo, lo que hoy se observa es una clara desinversión política, un abandono institucional progresivo y una peligrosa naturalización de la crisis sanitaria. Este abandono no solo revela negligencia administrativa, sino que constituye una forma de violencia estructural y discriminación por omisión, que pone en riesgo vidas humanas, vulnera derechos fundamentales y perpetúa el estigma social.
Las cifras son elocuentes: Chile continúa con una de las tasas más altas de nuevas infecciones en América Latina, particularmente entre jóvenes HSH, personas trans, migrantes y población en situación de vulnerabilidad. A pesar de ello, el Estado ha optado por administrar la epidemia desde una lógica técnica, burocrática y fragmentaria, sin voluntad política real para erradicarla ni para implementar transformaciones estructurales. La estrategia de respuesta, centrada casi exclusivamente en el testeo y el acceso a tratamiento antirretroviral básico, deja fuera componentes fundamentales como la prevención combinada, la educación sexual integral, la lucha contra el estigma, la atención psicosocial y el trabajo territorial con enfoque de derechos.
Uno de los síntomas más graves de este abandono es la desactualización de la política GES en VIH, que impide el acceso a tratamientos innovadores, como los esquemas inyectables de larga duración, ya disponibles en otros países. Esta omisión priva a las personas que viven con VIH de una mejor calidad de vida y refuerza una brecha de inequidad sanitaria entre quienes pueden pagar tratamientos por vía privada y quienes dependen del sistema público. No garantizar el acceso a los mejores estándares de salud disponibles es una violación directa al derecho a la salud consagrado en tratados internacionales ratificados por Chile.
La reducción sostenida de recursos para prevención comunitaria y el debilitamiento de los vínculos con organizaciones de la sociedad civil también forman parte de este abandono. Las organizaciones que históricamente han sostenido el acompañamiento, la educación y la incidencia desde los territorios han sido marginadas del diseño y evaluación de políticas públicas, transformadas en simples ejecutoras de proyectos concursables precarios, sin reconocimiento político ni financiamiento estructural.
En este contexto, las personas que viven con VIH siguen enfrentando discriminación en centros de salud, trabas para el acceso oportuno a sus tratamientos, barreras en el mundo laboral y educativo, y una profunda invisibilización social. El silencio estatal frente a esta realidad no es neutral: es una forma de exclusión activa. La epidemia del VIH no ha terminado, pero el Estado chileno actúa como si ya no existiera.
Resulta alarmante que en un país que ha mostrado capacidad técnica para enfrentar otras crisis sanitarias, el VIH siga siendo tratado como un problema marginal, asociado a poblaciones estigmatizadas y gestionado desde la indiferencia. Esta situación contradice no solo las metas de ONUSIDA y los compromisos internacionales asumidos por Chile, sino también los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación.
Exigimos al Estado de Chile asumir su responsabilidad histórica y presente en el control del VIH como una cuestión urgente de salud pública y justicia social. Esto implica: actualizar la canasta GES; garantizar el acceso universal a tratamientos innovadores; reinstalar programas de prevención comunitaria sostenibles; asegurar una educación sexual integral en todos los niveles del sistema educativo; y rearticular una gobernanza participativa que incorpore de manera vinculante a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que viven con VIH.
No se puede hablar de democracia, ni de Estado social de derecho, mientras se mantenga esta deuda abierta con una población históricamente vulnerada. Enfrentar el VIH con dignidad, responsabilidad y justicia es una obligación ética del Estado, no una opción política.
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Pregunta 07
¿Qué rol ves para las nuevas generaciones de activistas en la lucha contra el VIH/SIDA?
En un contexto donde el VIH ha sido progresivamente invisibilizado por el discurso institucional, naturalizado por las políticas públicas y desplazado por otras prioridades sanitarias, el rol de las nuevas generaciones de activistas cobra una urgencia histórica. Lejos de ser una epidemia del pasado, el VIH sigue siendo un problema profundamente social, político y estructural, que requiere una respuesta crítica, colectiva y transformadora. En este escenario, los y las jóvenes activistas están llamados a revitalizar la lucha, desde nuevas herramientas, lenguajes y estrategias, sin perder de vista la memoria, las conquistas y los límites de las generaciones que les precedieron.
El rol político de las nuevas generaciones: continuidad, innovación y resistencia Las nuevas generaciones deben asumir un rol triplemente político en la lucha contra el VIH: Como herederos de una historia de lucha que no comenzó con ellos, y que exige responsabilidad en su preservación, transmisión y resignificación; como innovadores de nuevas formas de acción, incidencia, comunicación y movilización, más acordes a los lenguajes, tecnologías y subjetividades actuales; como interlocutores críticos frente a un Estado que ha delegado responsabilidades sin garantizar derechos, y que necesita ser interpelado desde una voz joven, informada y radicalmente comprometida con la vida.
Frente a un panorama en el que la política del VIH ha sido despolitizada, tecnificada y fragmentada, el activismo joven tiene el desafío de repolitizar la lucha, devolverle contenido ideológico, reponer la memoria de los afectos y de los cuerpos que murieron, y sostener el derecho a una vida digna y sin estigma para quienes viven hoy con el virus.
Desafíos actuales del activismo joven en VIH/SIDA El escenario contemporáneo impone desafíos complejos y multidimensionales, entre ellos: La indiferencia institucional y la falta de voluntad política real por parte del Estado; la escasa visibilidad del VIH en la agenda pública y en los movimientos sociales más amplios; la fatiga comunitaria y la fragmentación de las luchas, producto de la precarización del trabajo organizativo; la despolitización de la respuesta y el predominio de discursos tecnocráticos que excluyen el enfoque de derechos y las vivencias reales de las personas con VIH; la crisis de representación, donde muchas personas jóvenes no se sienten convocadas por los lenguajes tradicionales del activismo; la necesidad de articular interseccionalmente las luchas por salud, género, raza, clase, migración, educación sexual, diversidad y justicia sexual.
Estos desafíos exigen una formación política sólida, una capacidad de articulación amplia y una estrategia de comunicación eficaz que logre sensibilizar sin estigmatizar, informar sin medicalizar y movilizar sin culpabilizar.
Consejos desde la experiencia de 38 años de trabajo de ACCIONGAY
Desde su historia viva, ACCIONGAY ha enfrentado dictaduras, exclusiones, epidemias, indiferencia estatal y estigma social. Desde esa trayectoria, tres grandes aprendizajes pueden transmitirse a las nuevas generaciones.
Sin comunidad no hay respuesta posible. El corazón de la lucha contra el VIH ha sido siempre la comunidad: los espacios de cuidado, resistencia, afecto, duelo, activismo y placer. La política pública falla cuando excluye a las comunidades organizadas. La organización horizontal, la participación afectiva, la memoria compartida y la acción colectiva siguen siendo herramientas esenciales para sostener la vida.
El estigma no se combate solo con medicina. El estigma es una construcción social, que no se elimina solo con acceso a tratamiento. La dignidad no se garantiza con diagnósticos precoces, sino con sociedades que no criminalicen el deseo ni patologizan las identidades. Combatir el estigma es una tarea cultural, política y educativa.
Hay que cuidar la memoria y construir alianzas. Toda nueva generación necesita saber que la respuesta al VIH ha sido tejida con cuerpos concretos: los que murieron, los que resistieron, los que aún hoy viven con el virus. Honrar esa historia no es mirar al pasado, sino construir presente con conciencia de legado. Y eso solo es posible si se fortalecen alianzas intergeneracionales, se escucha a quienes vivieron las peores etapas de la epidemia y se abre espacio a las voces jóvenes, migrantes, trans, racializadas, rurales.
Las nuevas generaciones no parten desde cero. Caminan sobre las huellas de una historia marcada por la pérdida, la rabia, el amor y la dignidad. El desafío actual no es solo sostener lo conquistado, sino ensanchar el horizonte de lo posible: reimaginar una política de VIH centrada en la vida, en la justicia y en el deseo. Como ha enseñado ACCIONGAY a lo largo de 38 años: no se trata solo de sobrevivir al virus, sino de vivir plenamente, sin miedo y con orgullo. Esa sigue siendo la tarea.
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Pregunta 08
¿Qué importancia tiene la memoria histórica del movimiento de lucha contra el SIDA para quienes hoy comienzan a involucrarse en el activismo para la salud sexual?
La memoria histórica del movimiento de lucha contra el SIDA es un pilar fundamental para quienes hoy comienzan a involucrarse en el activismo por la salud sexual, no solo como legado político, sino como herramienta de conciencia, identidad colectiva y horizonte ético. Su importancia radica en múltiples dimensiones que, en conjunto, permiten comprender que el activismo actual no emerge en el vacío, sino que se construye sobre las luchas, pérdidas y conquistas de generaciones anteriores.
El VIH/SIDA fue, durante los años 80 y 90, una epidemia atravesada por el abandono estatal, el estigma social y la criminalización moral. Miles de personas murieron en el silencio, expulsadas de sus familias, apartadas del sistema de salud, borradas de los relatos oficiales. Recuperar esa memoria es devolver humanidad y justicia simbólica a quienes fueron considerados desechables por la sociedad y por los gobiernos.
La memoria es resistencia frente al olvido institucional y cultural. Nombrar a quienes ya no están, recordar sus luchas, recuperar los relatos de afecto, duelo y activismo, es también una forma de reparación y dignificación.
Conocer la historia del movimiento de lucha contra el SIDA permite a quienes se inician en el activismo comprender que los derechos que hoy existen no fueron regalados, sino conquistados en contextos de represión, marginación y dolor. La garantía de acceso al tratamiento, la incorporación del VIH al GES, la visibilidad de las personas viviendo con VIH, el desarrollo de organizaciones comunitarias como ACCIONGAY o Vivo Positivo: todo ello fue producto de movilización, denuncia y presión social.
Esta memoria permite cuestionar la idea de que "el problema del SIDA ya pasó", mostrando que la epidemia persiste bajo nuevas formas, y que el olvido es, también, una estrategia de desmovilización. Para las nuevas generaciones, la memoria funciona como una brújula política: señala las conquistas que no deben perderse y los errores que no deben repetirse.
En un contexto donde el activismo joven enfrenta desafíos diferentes —digitalización de la protesta, nuevas subjetividades, precarización social—, la memoria permite tejer puentes con las generaciones anteriores, recuperar sus saberes comunitarios, su capacidad de organización sin recursos, su potencia afectiva y política. La memoria no es nostalgia, sino una herramienta de transmisión viva, que fortalece la identidad colectiva del movimiento.
Para muchas personas jóvenes que viven con VIH hoy, conocer las historias de quienes vivieron el VIH antes de los tratamientos, de quienes cuidaron a sus pares cuando no había nada más que hacer que acompañar hasta el final, es también una forma de sentirse parte de una genealogía de resistencia y no de un diagnóstico solitario.
El movimiento de lucha contra el SIDA ha sido uno de los movimientos más potentes en articular afecto, rabia, cuidado y política. Ha enseñado que el activismo no se limita a incidir en leyes o gestionar proyectos, sino que también se trata de crear comunidad, de transformar el duelo en lucha, de politizar el cuerpo, el deseo y la vida. En ese sentido, la memoria histórica es una fuente ética, que recuerda que la lucha contra el VIH no es solo sanitaria, sino profundamente política.
La memoria histórica del movimiento de lucha contra el SIDA no es un simple recuerdo del pasado: es una herramienta de resistencia, una fuente de aprendizaje y una inspiración para las luchas actuales. Quienes se integran hoy al activismo por la salud sexual tienen el deber ético de honrar esa memoria, reivindicar sus enseñanzas y proyectar nuevas formas de lucha que dialoguen con esa historia viva. Porque sin memoria, no hay política transformadora. Y sin historia, no hay futuro digno.
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Pregunta 09
A pesar de los retrocesos en la respuesta gubernamental al VIH/SIDA, ¿Qué elementos siguen motivando a ACCIONGAY a sostener el trabajo después de 38 años de existencia?
Desde su creación en 1987, en un contexto marcado por la dictadura, el silencio social y el estigma hacia las personas con VIH y las disidencias sexuales, ACCIONGAY ha sido una trinchera de resistencia, dignidad y salud comunitaria. A lo largo de casi cuatro décadas, ha sido testigo y protagonista de avances históricos y retrocesos políticos. Sin embargo, su compromiso no ha vacilado. Incluso hoy, frente a la despriorización estatal, el debilitamiento de las políticas públicas y el olvido institucional, la organización sigue en pie. ¿Qué la sostiene? ¿Por qué continúa?
En el corazón del trabajo de ACCIONGAY está la certeza de que ninguna vida es desechable. La organización nació para defender la dignidad de quienes eran excluidos y condenados al silencio: personas con VIH, hombres homosexuales, personas trans, migrantes, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas. Esta ética del cuidado y la justicia sigue guiando su acción. La desidia del Estado no debilita esa convicción, sino que la reafirma.
ACCIONGAY no solo trabaja por el presente: honra la memoria de quienes ya no están. Cada campaña, cada testeo, cada encuentro comunitario es también una forma de recordar a las personas que murieron en el abandono, en hospitales sin tratamiento, en la clandestinidad. La memoria como responsabilidad política es un motor vital: lo que se hace hoy es también en nombre de los que lucharon antes.
La precarización de la política de VIH en Chile ha dejado vacíos críticos en prevención, acompañamiento, adherencia al tratamiento y educación sexual. ACCIONGAY asume el compromiso de sostener lo que el Estado ha abandonado. Entrega testeo rápido, acompaña emocionalmente, educa, entrega PrEP, articula redes, contiene, informa, cuida. Cuando el Estado se retira, la comunidad resiste.
Más que una institución, ACCIONGAY es una red afectiva, política y territorial. Sus vínculos no se reducen a prestaciones: se trata de generar confianza, pertenencia, reconocimiento y autonomía. El rostro de cada usuario, cada compañere diagnosticado, cada persona que encuentra allí un espacio de acogida, es una razón para seguir. La comunidad se cuida desde el afecto transformador.
ACCIONGAY no solo hace prevención o atención clínica: cree en el cambio social. Por eso lucha contra el estigma, denuncia políticas regresivas, exige educación sexual integral, visibiliza a las personas mayores con VIH, defiende los derechos LGBTIQ+. No se conforma con lo técnico: milita por un mundo más justo, más diverso, más humano.
A pesar del olvido institucional, las nuevas generaciones de activistas y personas usuarias que llegan a ACCIONGAY traen fuerza, energía y nuevas formas de resistencia. Sus preguntas, sus demandas y su creatividad rejuvenecen el proyecto político de la organización. Es en ese diálogo intergeneracional donde se encuentra la posibilidad de seguir transformando.
ACCIONGAY sigue existiendo —y resistiendo— porque su lucha no depende del apoyo estatal, sino de un compromiso ético radical con la vida, la memoria y la comunidad. Después de 38 años, la organización no se sostiene por inercia, sino por la convicción de que mientras haya estigma, exclusión y abandono, habrá también resistencia, cuidado y acción comunitaria. Y en esa resistencia, ACCIONGAY seguirá siendo faro, refugio y motor de cambio.
Ha sido un privilegio contar con el testimonio de Marco Becerra, cuya trayectoria al frente de Acción Gay constituye un referente insoslayable para entender la historia del movimiento LGBTIAQ+ y la respuesta comunitaria frente al VIH en Chile. Sus palabras no solo aportan claridad y memoria, sino que también iluminan los desafíos del presente con una convicción política firme: la salud es un derecho, y la vida digna no admite negociaciones.
Esta entrevista forma parte del trabajo sostenido de TRANSED por recuperar la historia de las resistencias sexo-genéricas en Chile, reconociendo a quienes han alzado la voz cuando el silencio era norma, y a quienes hoy continúan movilizando comunidades desde el afecto, la política y la justicia. A través de estos testimonios, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la acción transformadora.
